La nueva directiva, que actualiza una anterior de 2003 sobre este tipo de residuos, obligará a los Estados miembros a recoger el 45% de los equipos eléctricos y electrónicos a la altura de 2016 y el 65% en 2019 o, de forma alternativa, recoger el 85% de los residuos generados en sus territorios en 2019 frente al objetivo obligatorio actual de recoger cuatro kilos por persona cada año, es decir unos dos millones de toneladas al año.
En la actualidad se generan unos diez millones de toneladas y apenas se recoge y recicla de forma correcta un tercio de los residuos de este tipo de equipos en el conjunto de la UE. Si los Estados miembros recogieran el 85% de estos residuos se podrían recoger unos 10 millones de toneladas, es decir, unos 20 kilos por persona de aquí a 2020. Bruselas estima que los residuos generados aumentarán en 2020 hasta los 12 millones de toneladas al año.
No obstante, las nuevas normas autorizan a diez Estados miembros —Bulgaria, República Checa, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia— a cumplir un objetivo intermedio del 40% y a aplazar hasta 2021 el objetivo de llegar 65% en 2019 dado que no cuentan todavía con las infraestructuras de recogida adecuadas.
Para facilitar dicha recogida, las nuevas normas autorizan a petición de la Eurocámara a los consumidores a devolver aparatos de menor tamaño como los teléfonos móviles a tiendas de equipos electrónicos –con la excepción de las pequeñas superficies– sin necesidad de adquirir un nuevo terminal u otro producto.
También reducen las cargas administrativas para los fabricantes al relajar por ejemplo los requisitos de registro e información y facilitando normas más claras para evitar el cobro por partida doble o los gastos de registro. Sin embargo, seguirán teniendo que financiar los objetivos de recogida.
Los eurodiputados también han conseguido introducir controles más estrictos en las nuevas normas para impedir que los Estados miembros exporten estos residuos a terceros países que no cuenten con las infraestructuras adecuadas de recogida y reciclaje al obligar a demostrar a los exportadores en el futuro que los aparatos que envían con fines autorizados como la reparación o reutilización.
Los Estados miembros, que tendrán un año y medio para incorporar las nuevas normas a sus legislaciones nacionales, ratificarán formalmente el acuerdo sobre las nuevas normas en las próximas semanas.
Tras el voto positivo de la Eurocámara, el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha confiado en que los Estados miembros «cumplan los nuevos objetivos incluso antes de la fecha límite» pactada esgrimiendo los beneficios para la salud de los ciudadanos, el medio ambiente y la competitividad económica en Europa.
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