El pasado 6 de noviembre de 2015 se aprobó el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 que sustituirá al aún vigente Plan Integral de Residuos (PIR). Este nuevo plan, sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, contiene la estratégica general e introduce modificaciones para mejorar la información relativa a la producción y gestión de residuos para cumplir con los objetivos legales en los plazos establecidos.
Operarios de Leonardo
El fin esencial del plan, es sustituir la obsoleta economía lineal actual, por una economía circular en la que se reincorporen al proceso productivo una y otra vez los materiales de interés que contienen los residuos para la producción de nuevos productos o materias primas. Con ello, se conseguirá que la sociedad española avance hasta la eficiencia en materia de uso de recursos.
La novedad del PEMAR, se cierne sobre las comunidades autónomas, éstas deben cumplir con los objetivos nacionales inexcusablemente dentro de su territorio. Los residuos generados en su territorio deben cumplir con los objetivos nacionales, salvo que la normativa sectorial establezca criterios específicos, y además las entidades locales deben poner todos los medios a su alcance para cumplir dichos objetivos. En definitiva, todas las autonomías, son responsables de que se logre cumplir los objetivos nacionales.
Los objetivos propuestos para la consecución del PEMAR, son básicamente: aplicar la jerarquía de gestión de residuos (reutilización, reciclado, valorización y eliminación), implantar la recogida selectiva de residuos, potenciar medidas para incrementar la reutilización y el reciclado y por consecución fomentar este mercado; consideración de la incineración como operación de valorización siempre que se alcance la eficiencia energética; cierre de actividades si no cuentan con las autorizaciones estimadas; establecimiento de un procedimiento único de registro de producción y gestión de residuos vía electrónica; implantar sistemas de depósito, devolución y retorno; y por último, la creación de la comisión de coordinación en materia de residuos de diferentes administraciones. Esto último es muy importante, ya que es necesario un enfoque de vista interdisciplinar siempre que tratamos temas ambientales.
La implantación de este nuevo plan supone beneficios tanto de índole ambiental como de tipo económico y social. Los beneficios ambientales son diversos, a rasgos generales, una adecuada gestión de los residuos garantiza la protección de la atmósfera, aguas, suelo y clima, tema que está muy presente es estos últimos años. Los beneficios económicos se ciernen sobre el sector de los residuos e incremento de la disponibilidad de materias primas empleadas por la industria en condiciones seguras. El beneficio social principal es la creación de empleo derivada del fomento de la preparación para la reutilización y el reciclado.
Así pues, las nuevas medidas que se citan en el PERMA parecen adecuadas y cargadas de intenciones para contribuir en la progresión y avance en materia de residuos. Solo queda ver si se consigue el efecto esperado, o si por el contrario, queda todo en meras intenciones.
Beatriz Salvador Andrés
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